Blogetako postak

2018-05-11

Joan Tardà i Coma* - Toni Bou i Castellá*

Hace pocas semanas, el Congreso de los Diputados rechazó una iniciativa parlamentaria que tenía por objeto modificar la Ley de Amnistía, preconstitucional  de 1977, a fin y efecto que pudieran ser juzgados los delitos de Lesa Humanidad cometidos por la Dictadura franquista.

Desgraciadamente, una vez más, PP, PSOE y Ciudadanos impidieron con su voto negativo que en el Estado español, en pleno siglo XXI, se puedan juzgar los crímenes del Franquismo. Con ello, se constata hasta qué punto el régimen de 1978 está dispuesto a consolidar una anomalía vergonzante. Efectivamente, todas las sociedades democráticas actuales que tuvieron el infortunio de sufrir regímenes fascistas, totalitarios y militaristas vulneradores de los Derechos Humanos, con mayor o menor dificultad han procedido o están procediendo a reparar a las víctimas y luchan para hacer prevalecer la verdad y la justicia. Desde los juicios en la  Sudáfrica postapartheid pasando por las acciones reparadoras llevadas a cabo en Alemania con la anulación de las sentencias de los tribunales nazis. Y muchos casos más que alcanzan un universo de actuaciones llevadas a cabo bajo un mismo criterio: metabolizar el pasado en clave de reparación y justicia con el objetivo de fortalecer los valores democráticos de las nuevas generaciones.

El caso español, ciertamente, es una anomalía. Ni se ha juzgado a los responsables de los Crímenes contra la Paz, los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, ni se ha procedido en beneficio del esclarecimiento de la verdad. En este sentido, es paradigmático el hecho que se haya tenido que recurrir al sistema judicial de la República de Argentina para depositar en él la esperanza del triunfo de la justicia.

Todo ello tiene un precio. Un alto precio que está pagando la sociedad española en forma de progresiva y creciente banalización de los Derechos Humanos y de los derechos  fundamentales tanto individuales como colectivos. En definitiva, un Estado  que no asume la reparación de las víctimas está condenada a deteriorar la calidad de su democracia. Y para muestra los botones de las leyes que cercenan la libertad de expresión o la respuesta catalanofóbica y represiva ante la demanda catalana de ejercer el derecho a la autodeterminación.

Los crímenes del franquismo siguen impunes.

Denunciamos a aquellos que pretenden convertir el debate  de la Reparación, la Justicia y la Verdad en un debate circunscrito en el ámbito académico o relegarlo al estricto imaginario de la memoria de unos hechos. Y ante esta perversión reivindicamos la necesidad de convertirlo en un objetivo troncal para encarar los retos de mayor calidad democrática de nuestras sociedades. Sirva como ejemplo la preocupación que despierta el hecho que en el Estado español se haya legislado en los últimos años para recortar la capacidad de la llamada Justicia Universal. Sin duda un enorme paso atrás puesto que hoy ya no sería posible, por ejemplo, poder llevar a cabo lo que protagonizó el juez Garzón para con Augusto Pinochet. Aquellos instrumentos legales  que utilizó, hoy ya no existen.

Sólo las sociedades que han sido capaces de metabolizar el pasado han sido capaces a la vez de consolidar los valores democráticos de su ciudadanía. Lo cual, sin duda, les otorga mayores posibilidades de no caer en errores de otras épocas. Y nadie puede afirmar que no estemos en zona de riesgo. En sociedades en las que la democracia está más evolucionada, se está sufriendo el envite del renacimiento de ideas que quizás habíamos creído ingenuamente enterradas en Nuremberg. Qué no puede ocurrir en aquellas sociedades como la española en dónde nada se ha reparado.

En este sentido conviene comparar la trayectoria alemana y la española. En Alemania se procedió a llevar a cabo un proceso de desnazificación y a la vez de desprusianización a fin y efecto de hacer arraigar en la juventud valores de democracia y de respeto a todos los territorios. Nada parecido a la ausencia en España de un proceso semejante para desfranquizar y descastellanizar. Los resultados son del todo evidentes: en el Congreso de los Diputados siguen existiendo salas en donde se legislan leyes democráticas que llevan el nombre de personas directamente implicadas en la muerte de demócratas y, por otra parte, se incrementa la incomprensión, cuando no la violencia institucional, contra las naciones del actual Estado español. ♦

*Joan Tardá es diputado por ERC  

*Toni Bou es presidente de la Sectorial de Memoria i Reparación de ERC